Estudio Juridico González Allende

SANCIÓN ADMINISTRATIVA NULA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE DEFENSA.

SANCIÓN ADMINISTRATIVA NULA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE DEFENSA.
Hechos: El TSJ rechazó el recurso planteado por la demandada y ratificó la declaración de nulidad respecto de un acto administrativo que sancionó al empleado en privación al derecho de defensa.
Sumario:
Si a la amplitud de la normativa disciplinaria, se le suma la ausencia absoluta de la previa individualización del deber transgredido por el imputado en concreto, el acto administrativo sancionatorio de esa infracción estará viciado precisamente por violación al derecho de defensa.
Es deber inclaudicable de la Administración en el marco del Estado de Derecho velar permanentemente por la legalidad de su actividad, el correcto desempeño de sus agentes y la transparencia en el ejercicio de la función pública.
La correcta acusación, como acto inicial del procedimiento, resulta esencial porque permite al acusado conocer los hechos presuntamente irregulares que se le atribuyen a fin de que formule su descargo, además constituye el presupuesto indispensable para que pueda observarse el principio de congruencia.
El procedimiento administrativo constituye siempre una garantía jurídica, carácter que adquiere especial importancia cuando se trata del trámite actuado con el objeto de imponer una sanción administrativa, puesto que, la Administración no puede sancionar sin la previa instrucción de un procedimiento encaminado a comprobar la infracción, que respete el principio axiológico fundamental del debido proceso adjetivo y la defensa del ciudadano, consagrados en los artículos 18 dela Constitución Nacionaly 23 inciso 13, 39 y 40 de la Provincial de 1987.
La ponderación de la real restricción al pleno ejercicio del derecho de defensa por parte del administrado acusado de la comisión de una falta administrativa, como así también de la estricta observancia de las reglas que en cada caso particular salvaguardan la garantía del debido proceso adjetivo, no pueden llevarse a cabo con alguna ligereza o superficialmente, sino que corresponde profundizar el examen objetivo y contextual de todas las circunstancias acreditadas desde el inicio mismo del trámite sancionatorio.
Las garantías del debido proceso y la defensa en juicio exigen que la acusación describa con precisión la conducta imputada, a los efectos de que el procesado pueda ejercer en plenitud su derecho a ser oído y producir prueba en su descargo, así como también el de hacer valer todos los medios conducentes a su defensa.
La sanción no puede basarse en extremos fácticos diferentes a aquellos que fueron objeto de la imputación, sino que debe existir correlación entre los cargos y la resolución sancionatoria; de allí la importancia de esclarecer los hechos imputados.
El ejercicio de defensa está íntimamente vinculado al debido conocimiento previo del hecho que se le atribuye, que en el caso no estaba individualizado en sus condiciones de tiempo, modo, lugar y persona.
La deficiencia apuntada en la etapa previa a la emisión del acto sancionatorio, fulmina la juridicidad del acto impugnado, por cuanto se ha contrariado el orden jurídico vigente por violación de la causa o motivo y principios que informan el procedimiento para su dictado.
La verificación material de los hechos imputados, comprensiva de su investigación y fehaciente acreditación en función de los cargos formulados, como asimismo su calificación jurídica sobre la base de lo previamente normado por la ley, conforman el bloque de lo reglado o vinculado sin posibilidad de que exista una modalidad discrecional.
La actora no ha tenido real oportunidad de ejercer su derecho de defensa previamente a la sanción por no haber conocido con anterioridad la falta imputada, puesto que la falta de precisión de la imputación inicial, como asimismo la falta de explicitación en la motivación del acto sancionatorio de la determinación de los hechos comprobados tornan ilusorio el efectivo ejercicio de la defensa, al privar de consistencia al derecho de audiencia, el que, como bien pone de manifiesto destacada doctrina comparada, se convertirá en una formal e inútil posibilidad de alegar no se sabe qué, de rebatir algo que se ignora o de lo que no se tiene pleno conocimiento.
El obrar de la Administración está condicionado a que su actividad se ejercite dentro de límites razonables, de modo que no se vulneren las garantías y derechos constitucionales, sin debilitar ni alterar los mismos.
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba. 05/06/2007. "Ardanaz Gabriela Irene c. Provincia de Córdoba". MJ-JU-M-12847-AR.

Introducción.
La legalidad del debido proceso constituye un cimiento elemental en que debe asentarse todo el procedimiento administrativo y el Estado debería ser un ejemplo en este sentido. Estas ideas fueron dejadas en claro por nuestro más alto Tribunal en el fallo bajo estudio.
Defensa en juicio en el procedimiento administrativo.
La correcta acusación es elemental para la investigación de supuestas infracciones y debe constituir un presupuesto insoslayable para una eventual condena, máxime en el marco de un procedimiento administrativo.
En este sentido me pregunto ¿cómo es posible una defensa sin una correcta imputación? ¿de qué me defiendo? El proceso debe ser una garantía, una garantía de mis derechos, entre ellos la defensa en juicio. Los cargos deben estar individualizados en sus condiciones de tiempo, modo, lugar y persona a los fines de ejercer los descargos que pudieran corresponder.
Es contundente el artículo 18 dela Constitución Nacionalen cuanto dispone la inviolabilidad de la defensa en juicio, debiendo entenderse como juicio también los procedimientos llevados a cabo por la Administración.
En el ámbito local, la Constitución de la Provincia de Córdoba ratifica lo dicho anteriormente en sus artículo 39 y 40, agregando en su artículo 23 inciso 13 que deberá extenderse particularmente el derecho de defensa en el ámbito administrativo y establece la nulidad para el caso de omisión a dicha regla.
La sanción no puede basarse en extremos fácticos diferentes a aquellos que fueron objeto de la imputación, los cargos deben ser claros y perfectamente delimitados.
Sin dudas, careciendo de una correcta imputación además se violaría de ante mano el principio de congruencia que debe ser respetado en toda decisión judicial y administrativa, en el caso una sanción. En este sentido se recalcó sobre la correlación que debe existir entre los cargos y la resolución sancionatoria dictada por la Administración.
Nulidad del acto administrativo.
No puede existir un acto administrativo que viole los principios enunciados precedentemente, en particular cuando la violación se realizó en la etapa previa a la emisión del acto. La sanción aplicada en tales circunstancias carece de juridicidad y es contraria al orden jurídico por violación a los principios elementales del procedimiento para su dictado.
Asimismo, se destaca que la arbitrariedad de la sanción en violación al debido proceso implica necesariamente la declaración de su nulidad.
La nulidad del acto es evidente por contrariar su génesis, su razón de ser. El acto que nace sin respetar el debido proceso no puede llamarse acto, por carecer de elementos que lo definirían como tal.
Conclusión.
Se destaca la defensa del debido proceso en general, y del derecho de defensa en particular, reflejada en el fallo en análisis.
El desconocimiento de estos principios rectores del proceso sería una trampa mortal para el ciudadano y, además, un arma letal para la Administración.
Sin duda que tal proceder implicaría un desconocimiento de la génesis de nuestro estado de derecho y de la organización misma del Estado, que nos llevaría a la autodestrucción.
"Consideramos que es imprescindible que las áreas de gobierno nos escuchen como protagonistas directos que somos y se tomen decisiones que nos permitan superar nuestras propias dificultades, fijar metas ambiciosas que con su desarrollo puedan contribuir a lograr grandes objetivos. De no hacerlo quizás las propuestas más generosas nunca lleguen a convertirse en realidad"; reconoció Pomponio ante la prensa.
Oscar Antonio: "Debemos cuidar a nuestros turistas"
El secretario de Turismo de Villa Carlos Paz, Oscar Antonio, también se pronunció sobre las alternativas para erradicar a los "arbolitos" y dijo: "Tenemos que trabajar todos juntos para cuidar a nuestros turistas y evitar que se les cobren alquileres excesivos de forma irregular, pero también debemos proteger a los empresarios que se encuentran en regla". "El cobro de un impuesto puede ser una opción interesante para regularizar los alquileres informales, ya que aportaría recursos a una administración que no atraviesa un buen momento económico"; completó ayer el funcionario....