Estudio Juridico González Allende

EL PLAZO RAZONABLE DEL PROCESO COMO GARANTÍA DE JUSTICIA

1. Introducción.
Realizaré preliminarmente algunas aclaraciones sobre el criterio adoptado para ponderar el presente fallo.
En primer lugar, diré que el tema será abordado según el modelo propuesto por el profesor Fernando Martinez Paz y de acuerdo a la ideología informante del derecho procesal. Destaco el carácter dinámico y superador de la hipótesis planteada, a partir de los conceptos de paradigma, ciencia normal y anomalía .
Asimismo, consideraré la cuestión de la duración razonable de las causas como principio integrante del debido proceso y la defensa en juicio según el criterio adoptado por nuestra Corte Suprema de Justicia.
En este sentido, se analizará al proceso desde sus diversas realidades, dentro de lo que se conoce como sociología jurídica.
Previamente, destaco la normativa suprema relacionada con el tema, a saber: artículo 18 de la Constitución Nacional (Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo); artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica (Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable); artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño (Los Estados Partes garantizarán, en particular… Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial); artículo 39 de la Constitución de la Provincia de Córdoba (Todo proceso debe concluir en un término razonable).
2. La duración razonable de las causas.
El derecho a obtener un pronunciamiento del modo más rápido posible se incluye en las garantías de la defensa y el debido proceso. En este sentido, la Corte dispuso que debe reputarse incluido en la garantía de la defensa en juicio consagrada por el artículo 18 de la Constitución Nacional el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento del modo más rápido posible . Asimismo, sentenció que la existencia de una dilación indefinida en el trámite y decisión del juicio, ocasiona agravio a la garantía constitucional del derecho de defensa, produciendo una efectiva privación de justicia” .
Siguiendo a la doctora Avila Paz destaco que cuando se habla de duración razonable de las causas, se refiere a ajustar los tiempos del proceso a los de la vida de los justiciables. Ello se logra mediante el principio de celeridad procesal, que tiende a evitar la dilación del trámite del proceso sin que se afecten los tiempos necesarios de la jurisdicción y la defensa .
En este sentido, es admirable el fallo en examen en cuanto dispone que el principio de la duración razonable del proceso se inserta dentro del debido proceso, y que el derecho de acceder a la justicia no se satisface adecuadamente si, al mismo tiempo, no se acotan los plazos en que la parte puede obtener respuesta a su reclamo. El derecho a acceder a la justicia no se agota con la sola presentación del conflicto ante los estrados del Tribunal, sino que la tutela efectiva y oportuna de los derechos se integra, además, con el aseguramiento de que aquél será dirimido en un plazo razonable.
Actualmente es elemental considerar cuestiones como las del proceso justo, el proceso debe ser efectivo, debe brindar una solución real del problema social. Siempre dentro del marco establecido por las garantías y principios procesales, a saber: tempestividad, economía, credibilidad pública. El proceso justo debe ser tempestivo, debe respetar los tiempos en el trámite y en la solución de los conflictos, debe brindar una pronta solución de los pleitos.
3. La acumulación de procesos y la economía procesal.
Observado el fenómeno se advierte que procede la acumulación de autos cuando un proceso en trámite presenta vinculación con otro también en trámite lo que determina el conocimiento y decisión en una sola pieza y por un mismo magistrado.
La acumulación de autos se funda en el principio de economía procesal y procura alcanzar la eficacia del proceso. No obstante, y según se verá en el fallo examinado, el juez debería tramitar separadamente las causas vinculadas cuando su acumulación trajera perjudiciales demoras en la tramitación. Es decir, la acumulación cede cuando la misma ocasione una suspensión o dilación tal que signifique una efectiva privación de justicia. El tiempo del procedimiento puede tornar ineficaces sus resoluciones, por lo que es apremiante resaltar la eficacia del proceso por sobre cuestiones estrictamente normativas.
En este sentido, el principio de economía procesal se apoya en un criterio de practicidad en cuanto significa reducir esfuerzos o actividades a los fines de ahorrar costos y tiempo. Su vigencia importa reducir la cantidad de actos procesales con un criterio de razonabilidad. Es así que la concentración, como principio derivado del de economía procesal, apunta a evitar la duración prolongada del proceso en el tiempo. La acumulación de causas debería estar iluminada por este principio, caso contrario se vería desvirtuada su razón de ser.
Siguiendo la línea del proceso justo, siempre en el marco del más estricto garantismo procesal, es necesario considerar al proceso como fenómeno cultural, y como tal valorativo de la realidad. En lo que respecta al debido proceso legal, el mismo debe ser eficaz, simple y carente de dilaciones innecesarias. Todo en el marco de las garantías establecidas por la norma fundamental, sabiendo que la Constitución establece el camino para afianzar la justicia.
4. ¿Qué nos deja el caso en estudio?
El fallo de la Corte de Tucumán es significativo en cuanto dispuso que la acumulación de procesos debe ceder cuando la misma ocasione una suspensión o dilación tal que signifique una efectiva privación de justicia, con fundamentos en el principio de duración razonable de las causas.
Estableció la improcedencia de la acumulación de procesos con fundamentos en el principio de la duración razonable de las causas. Sentenció que es necesario contemplar el estado en que se encuentran los procesos en análisis, el trámite de cada proceso en particular, su avance en el camino hacia una resolución definitiva, la posibilidad de que se promuevan otros juicios por iguales causales, a fin de evitar una única causa de duración indefinida. Todo con fundamentos en la necesidad de garantizar el debido proceso, logrando una tutela judicial efectiva y oportuna.
Asimismo, es muy ilustrativo el criterio adoptado en cuanto la acumulación de procesos es improcedente cuando produce una demora perjudicial e injustificada en el trámite del o de los juicios que estén más avanzados, ya que resultaría irrazonable suspender la resolución de un pleito de trámite sumario que se encuentra en estado de dictar sentencia hasta tanto en otro, de carácter ordinario, en el cual no se ha corrido aún traslado de la demanda, quede en estado de sentencia, con el agravante de que si se iniciaren posteriormente otras acciones similares, ello conllevaría una nueva suspensión y así sucesivamente, desembocándose en una privación de justicia.
5. Conclusión.
La justificación del principio de la duración razonable de las causas se encuentra en la búsqueda resoluciones eficaces, teniendo en cuenta criterios amplios de justicia. En este sentido, y en referencia a las medidas cautelares se ha dicho que las medidas cautelares se justifican en un plano sociológico y dikelógico a los fines de dotar de eficiencia a posibles resoluciones favorables al justiciable que pueden verse frustradas por el tiempo del trámite procedimental .
La relación que existe entre la acumulación de procesos y el principio de economía procesal, no debería desvirtuar el espíritu de los mismos. Es así que concluimos citando a la doctora Cristina Gonzalez de la Vega en cuanto dijo que la concentración apunta a evitar la alongación de los procesos en el tiempo, y agregaría que la acumulación no debería desconocer esta consecuencia indeseada.
Éstas, y otras instituciones modernas, poseen gran importancia por la eficacia que brindan al proceso como fenómeno jurídico integral.
La Constitución debe iluminar el proceso y conducir a los jueces hacia una justicia eficaz, en cuanto al tema en análisis es clara la exigencia suprema relativa a la duración razonable de los procesos y a las dilaciones innecesarias de los trámites....